El regalismo

El regalismo fue una teoría y una práctica política ejercida por las Monarquías católicas en la Edad Moderna en su relación con la Iglesia Católica, que debe ser tenida en cuenta para entender parte de la historia de la formación de los Estados modernos, así como la vinculada con las relaciones entre el poder político y el religioso.

El término de regalismo procede de regalía. Por regalías se entendían los derechos, propiedades y prerrogativas de los reyes. En la Edad Media aparecieron como derechos económicos o financieros exclusivos de la Corona. Al final de dicha época terminaron por consolidarse, pero ya referidos a todas las cuestiones de las actividades del rey frente a los derechos o jurisdicciones de otras autoridades, como la Iglesia y la nobleza. En el Fuero Viejo de Castilla se consideraban regalías las funciones que iban unidas esencialmente a la soberanía de la Corona: administración de justicia, acuñación de moneda, levas militares y determinadas rentas como la de la sal.

Fernando VI

En la Edad Moderna el concepto de regalía se enriqueció, adquiriendo más importancia. Por un lado se mantuvo el que había nacido en el Medievo pero adquirió un nuevo significado, y que tenía que ver con las prerrogativas del monarca en determinados asuntos religiosos y eclesiásticos. En la época de los Austrias se produjo un conflicto de índole regalista en el año 1632 cuando la Junta Grande Especial elaboró un listado de las quejas y “discordias” de la Corona con Roma. Al año siguiente, se redactó un famoso Memorial que se presentó al papa Urbano VIII.

Después de la Guerra de Sucesión y con la llegada de los Borbones el conflicto entre la Corona y el Papado creció de forma evidente por dos razones. Por un lado, Roma había apoyado al candidato austriaco, y, por otro lado la Corona francesa se había destacado por arrancar competencias de la Iglesia en Francia, desde su más acusado absolutismo, en la faceta política del galicanismo. El nuncio papal llegó a ser expulsado de España.

En el reinado de Fernando VI se firmó, después de complejas y arduas negociaciones, el Concordato con Roma en 1753. Por el mismo, la Corona adquiría el Patronato Universal. El Patronato Regio era una concesión papal a la Corona española para la designación y presentación de los beneficios eclesiásticos, y que terminó por convertirse en una regalía. La historia del Patronato Regio es larga. En el siglo XV, con los Reyes Católicos, el papa Inocencio VIII que necesitaba la ayuda de Fernando para defender sus intereses en Italia, le concedió el derecho de presentación de todos los beneficios mayores en el reino de Granada. Este primer paso fue aprovechado por los monarcas para extender su poder y para establecer un modelo a aplicar en América. En 1508, Julio II otorgó a la Monarquía Española el Patronato en toda la Iglesia americana. El Concordato de 1753, como hemos visto, ampliaba este derecho al resto de la Iglesia española, con algunas excepciones. Se trataba de un extraordinario incremento del poder real, ya que los monarcas eran los que nombraban los cargos, y controlaban, indirectamente, sus ingresos, además de obtener algunos de ellos procedentes de los beneficios de las vacantes mientras no se cubrían.

Eduardo Montagut

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La Media Annata

En este breve trabajo estudiamos un peculiar impuesto del Antiguo Régimen: la media annata.

La Media Annata era un tributo real ordenado por el rey Felipe IV por un decreto del año 1631. Consistía en el pago a la Hacienda Real de la mitad de los ingresos obtenidos en el primer año de todos los cargos y oficios. Incluía los cargos eclesiásticos y los de nombramiento real en cualquier organismo o institución, y en todos sus estados, es decir, casi fue el único impuesto general de la Monarquía Hispánica. En todo caso, se dieron algunas exenciones, algo propio de la época. Este impuesto fue uno de los arbitrios que se establecieron para intentar acopiar recursos para una Hacienda Real exhausta ante los ingentes gastos militares del momento, en plena Guerra de los Treinta Años, aunque se mantuvo en el tiempo. Con los Borbones se introdujeron algunos cambios. En 1731 se aplicó la media annata a la creación y sucesión de títulos nobiliarios, incluida la grandeza, la máxima categoría.

La recaudación dependía de la Superintendencia General de la Hacienda. Su responsable directo era el subdelegado general de lanzas y medias annatas, que tenía su oficina, su contaduría en Madrid, lugar donde se expedían los principales títulos y nombramientos, dada su condición de Corte. También intervenía la Contaduría de Valores. En las provincias los intendentes, corregidores y subdelegados se encargaban del cobro y administración del tributo de los cargos existentes en sus lugares de jurisdicción.

En 1754 se aplicaron unas medias annatas especiales sobre los beneficios eclesiásticos iguales o superiores a los 300 ducados, así como a todas las pensiones de igual renta. Este tributo era administrado por el colector de Expolios y Vacantes.

Eduardo Montagut

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Los alguaciles de vagabundos en el Madrid del Antiguo Régimen

En este artículo analizamos un tipo de oficial destinado al control de los vagabundos o vagos, en expresión de la época. El poder no podía tolerar la existencia de personas sin domicilio fijo ni ocupación. Pero la realidad social de una España con graves carencias socioeconómicas fue muy tozuda. Las ciudades españolas y, muy especialmente, la Villa y Corte, estaban pobladas de marginados. En tiempos de los Austrias se optó por la represión pura y dura, mientras que en la de los Borbones, además de reprimir se pretendía, por clara influencia de la filosofía del despotismo ilustrado, que los vagabundos y vagos fueran útiles.

En el Madrid de los Austrias existía el empleo de alguacil de vagabundos que nombraba el Consejo y Cámara de Castilla. Su salario era de 40.000 mrs., como quedó señalado en el reinado de Felipe II, manteniéndose casi inalterable en el tiempo. En función de su cometido de detener vagabundos, vagos y pícaros, dependía de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte que, en alguna ocasión llegó a nombrar a alguno de estos alguaciles de forma interina. Debía presentarse todos los días para dar cuenta de sus presos ante los alcaldes de Corte. No podía apresar gente que no fuese vaga con lo que se pretendía delimitar sus competencias en relación con los alguaciles de Casa y Corte. En el reinado de Felipe IV muchos alguaciles de vagabundos fueron equiparados a alguaciles de Casa y Corte con ejercicio pero solamente en lo criminal, como aconteció con Isidro Suárez después de diez años de servicio como alguacil de vagabundos con una hoja de servicios que puede ser calificada de impresionante por la detención de doscientas personas con destino a las galeras, dieciséis reos ahorcados y más de mil doscientas personas de ambos sexos detenidas y condenadas al destierro. Pero a Suárez, también se le hizo alguacil de Corte criminal porque sirvió a la Hacienda Real con 400 ducados. Al final, después de nuevos servicios se le concedió la capacidad civil a su vara, en 1637.

Para ganar la condición de atender asuntos criminales fue necesario, al menos durante esa década, el consentimiento del Reino porque lo prohibía una Condición de Millones referida al control del número de varas de alguaciles en Madrid. Pero no hubo durante este siglo una política clara y constante en relación con la equiparación entre alguaciles de vagabundos y de Casa y Corte. En otros casos se les hizo alguaciles en causas civiles y criminales directamente, pero a fines del siglo solamente se les permitió atender asuntos civiles pero no criminales, al contrario de lo que vimos en el caso de Isidro Suárez.

La existencia de alguaciles de vagabundos obedecía a la política de control de estas personas por parte de los Austrias y existían en casi todas las ciudades y villas de la Corona castellana. El médico y escritor Cristóbal Pérez de Herrera abogaba porque en cada lugar hubiese más de un alguacil de vagabundos, concretamente, dos en las sedes de ambas Chancillerías y cuatro en la corte A estos alguaciles se les debía dar por cada vagabundo que prendiesen, “jugando o vagando en días de trabajo, o pidiendo limosna fingidamente en cualquier tiempo, sin traer la señal cierta que se les ha de poner de aquí adelante, dos reales, a costa de los bienes que se le hallaren; y si no tuvieren cosa que los valga, se les podrían suplir de gastos de justicia, porque con este premio, aunque moderado, tendrán cuidado de buscarlos -castigando con rigor ejemplar a los que se supiere que  se cohechan y no hacen su oficio con gran puntualidad.

Por lo expuesto, Pérez de Herrera abogaba por el sistema de pagar a las justicias dedicadas a estos menesteres por vagabundo apresado. El doctor es consciente, también de que esta forma de pago o premio podía generar corrupción y pidió que, tanto a los que cometían cohechos como a los negligentes, se les castigase. Pérez de Herrera deseaba completar el aparato institucional de lucha contra los vagabundos con la actuación de otros dos alguaciles de vagabundos bajo la jurisdicción de los corregidores de todo el reino, incluidos lugares que fuesen sedes de Chancillerías, Audiencias o de la propia corte.

En el siglo XVIII se continuó nombrando alguaciles de vagabundos. Con el despotismo ilustrado cambió el sentido de la política hacia éstos, reflejada en la Real Ordenanza de Vagos de 1775 y después en la década de los ochenta, con la creación de nuevas instituciones como las Juntas Generales de Caridad y las Diputaciones de Barrio. Pero ya antes de la irrupción de éstas por toda la Monarquía vemos funcionar la Comisión de Vagos en Madrid, establecida en 1766. Esta Comisión se encargaba de la vigilancia en Madrid para detener aquellos vagabundos que se encontrasen. Los aprehendidos podían ser expulsados hacia sus lugares de origen si eran fruto de la inmigración hacia la Corte, o destinados a obras públicas y, como tercera alternativa se les podía destinar a las levas. Esta institución era claramente represiva frente a los alcaldes de barrio con un cariz mixto entre lo represivo y lo preventivo que abarcaban más cuestiones puramente relacionadas con la policía de vagos y las Diputaciones de Barrio más preventivas y de control social. La Comisión era presidida por un alcalde de Casa y Corte y a sus órdenes tenía un cierto número de oficiales.

Eduardo Montagut

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Proyectos para la unificación italiana

Aunque la unificación italiana fue un proceso con claras vinculaciones y facetas o causas económicas, políticas y sociales, en este artículo queremos centrarnos en los aspectos ideológicos del mismo, acercándonos a las distintas posturas o proyectos sobre cómo se pensó en realizar dicha unificación.

El romanticismo, fiel aliado del nacionalismo, tuvo en Italia destacados representantes. Los escritores se dedicaron a ensalzar la idea de la patria italiana. En este sentido es importante nombrar al poeta Leopardi y al novelista Manzoni. Por su parte, el sentimiento antiaustriaco encuentra en Mis prisiones de Silvio Pellico su máxima expresión. El autor relata su propia experiencia al ser encarcelado por los austriacos por su lucha como carbonario. La obra fue muy popular, y algunos consideran que fue fundamental en el combate moral contra uno de los principales enemigos de la unificación.

Gioberti

Gioberti fue un personaje clave en la defensa de la unidad italiana. En 1843 escribe Del primado moral y civil de los italianos, donde defiende la existencia de una raza italiana con lazos comunes de sangre, religión e idioma. Pero, sobre todo, propugna que los italianos se agrupen en torno al Papa, aunque con el tiempo las expectativas con Pío IX se esfumaron. La política pontificia terminó por ser contraria a la unificación porque la misma suponía terminar con la existencia de los Estados Pontificios.

Cesare Balbo, por su parte, escribe en 1844, es decir, de forma casi simultánea a la obra del abate Gioberti, La esperanza de Italia, obra en la que propone una solución federal para Italia, habida cuenta de la diversidad de estados y entidades políticas italianas. En todo caso, Balbo siempre fue un moderado.

El modelo de nacionalismo progresista y republicano tiene en Mazzini su más encendido defensor. La unificación solamente podría producirse con un levantamiento del pueblo italiano. Siempre luchó por ello a través de las organizaciones que creó, como la “Joven Italia”, con su combate por la República romana, y hasta en el exilio. Frente a este modelo republicano se planteaba la opción monárquica en torno a la Casa de Saboya de un Massimo d’Azzeglio.

Por fin nos quedan dos hombres, más prácticos que teóricos, aunque radicalmente distintos, pero fundamentales para entender dos maneras de hacer Italia. Cavour comprende la necesidad de unificar Italia, lógicamente, en torno a la Casa de Saboya, a la que sirve en el gobierno de Azzeglio desde 1850, aunque a los dos años se hace con la presidencia del Consejo de Ministros. La idea de la Italia unida de Cavour se pone en marcha a través del diseño de una política diplomática y unas intervenciones militares. Cavour elaborará un programa muy claro y que irá cumpliendo punto por punto. Para conseguir la unificación era imprescindible expulsar a los austriacos del norte italiano, por lo que emprende una campaña diplomática para atraerse a ingleses y franceses a su causa. El éxito es grande porque la cuestión italiana se hace un hueco muy grande en las cancillerías europeas. Pero, además, este programa unificador tiene su dimensión interna y que tiene que ver con su política económica en el Piamonte: librecambismo, construcción de la red ferroviaria, etc.., como medidas que impulsan, indirectamente, la causa nacional. Con su política de separación de la Iglesia y el Estado y la desamortización eclesiástica se atrae a los liberales. Por fin, fomentará la creación de organizaciones políticas como la Sociedad Nacional Italiana, para canalizar las inquietudes nacionalistas. Así pues, Cavour se convierte en un protagonista fundamental frente al otro personaje del Risorgimento, el revolucionario Garibaldi, el hombre de acción que arrastra a los Camisas Rojas frente al absolutismo de los Borbones del Reino de las Dos Sicilias. Garibaldi entregará el sur al proyecto unificador de Cavour, planteado desde el Norte.

Para terminar nos queda un tercer protagonista, el rey Víctor Manuel, mucho más sensible a los deseos unificadores que su padre, Carlos Alberto, más conservador y temeroso de todo lo que tuviera que ver con el liberalismo y las revoluciones.

Eduardo Montagut

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La hidalguía en el Antiguo Régimen

Los hidalgos formaban parte del grupo nobiliario inferior en la Corona de Castilla. El hidalgo se remontaba a un solar y a un linaje conocido. Terminológicamente, hidalgo viene de fijodalgo, es decir, hijo de pro o de valía, por lo que se dejaba muy claro que la condición se transmitía por vía familiar. Su principal característica, como miembros de uno de los estamentos privilegiados, era el de no pagar impuestos o tributos, por lo que se diferenciaban de los pecheros, los que sí pagaban pechos.

Los hidalgos fueron adquiriendo importancia a partir del siglo XII en los reinos de Castilla y León, luego Corona de Castilla.

Hacia finales del reinado de Felipe II se calcula que los hidalgos constituían el diez por ciento de la población castellana. Los hidalgos abundaban más en el norte de la Corona (País Vasco y Cantabria), disminuyendo a medida que nos desplazamos hacia el sur. Los hidalgos eran más abundantes en la ciudad que en el campo. Esta situación cuantitativa y geográfica que hemos descrito se mantuvo muy estable al menos hasta el siglo XVIII. Pero la realidad social siempre es más compleja y dentro del grupo de los hidalgos había sus diferencias, manteniendo el principio básico del privilegio, sobre todo del fiscal. Había hidalgos solariegos, los de mayor consideración social, y otros de privilegio, que lo eran por decisión regia en pago por un servicio prestado a la Corona. Además eran evidentes las diferencias en función de la fortuna. Con excepciones se puede considerar que los hidalgos del norte eran más pobres que los del sur.

Los hidalgos no tuvieron la influencia social, económica y política de los niveles superiores de la nobleza. Su ámbito de acción se circunscribió al municipio. Tenían reservada una parte de los cargos u oficios municipales. En los libros que tenían que ver con la recaudación fiscal aparecían señalados para no tributar frente a los pecheros, algo que les distinguía claramente.

A partir de la llegada de los Borbones varias disposiciones provocaron que el número de hidalgos disminuyera progresivamente. Al final de la centuria eran nada más que el cuatro por ciento de la población. En la época ilustrada los hidalgos fueron perdiendo poder e influencia, habida cuenta del predominio de una mentalidad utilitarista que abogaba por ir acortando o aboliendo privilegios y distinciones en virtud del nacimiento, y solamente justificables en función de la valía personal demostrable. Aunque, bien es cierto, que habría que esperar al triunfo del principio de igualdad ante la ley de la Revolución liberal para terminar con estas distinciones sociales.

Eduardo Montagut

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La unificación italiana

En este artículo planteamos un esquema general del proceso de unificación italiana.

Después del Congreso de Viena, Italia era realmente una “expresión geográfica” dividida en multitud de Estados. En el norte estaban el Reino del Piamonte-Cerdeña (Casa de Saboya) y los dominios austriacos de la Lombardía (Milán) y Véneto (Venecia). En el centro había un conjunto de pequeños Estados controlados por los austriacos –Parma, Módena, Toscana-, y se encontraban los Estados Pontificios bajo la soberanía del Papa. En el sur se encontraba el Reino de Nápoles o de las Dos Sicilias (Casa de Borbón).

Tras la dominación napoleónica y la reorganización del mapa italiano como resultado de las resoluciones del Congreso de Viena surgió en algunos sectores intelectuales y políticos italianos el deseo de crear un Estado único. Es el momento delRisorgimento, un movimiento intelectual que soñaba con la unidad de Italia, con ambiciones económicas, lideradas por los comerciantes e industriales piamonteses que deseaban un mercado mayor y único, y unos proyectos políticos diversos, ya que para algunos la unidad debía realizarse bajo la autoridad del Papa (Gioberti), otros bajo el rey del Piamonte (Cavour) y, finalmente, otros optarían por la república (Mazzini).

Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 fueron ensayos para poner en marcha la unidad, pero fracasaron. En el 48 comenzó a calar en algunos sectores populares la idea nacionalista al enfrentarse al Imperio austriaco, enemigo común de liberales y nacionalistas. El doble fracaso del movimiento liberal y nacionalista en el norte por la intervención austriaca contra los levantamientos milanés y veneciano con el apoyo del Piamonte, y en el centro con la intervención francesa contra la República romana, obligó a replantearse la estrategia a seguir.

En este período clave para la unificación italiana destacará la figura de Camilo Benso, conde de Cavour, liberal moderado al frente del gobierno del Piamonte, que convierte a este Estado en un régimen político liberal y al rey Víctor Manuel II en el candidato para liderar la lucha contra los austriacos. Cavour desarrolla una intensa actividad diplomática y consigue atraer a Napoleón III para que apoye su proyecto a cambio de recibir Saboya y Niza. El Piamonte y Francia entrarán en guerra contra Austria en 1859 y consiguen arrebatar la Lombardía (Milán), pero Napoleón decide retirarse y fuerza un pacto con Austria. Posteriormente, el Piamonte consigue hacerse con los estados de Parma, Módena y Toscana.

Mientras tanto, en el sur se están produciendo una serie de acontecimientos muy importantes. Garibaldi, un guerrillero republicano, héroe del 48, con un ejército de voluntarios, los “camisas rojas”, desembarca en Sicilia y Nápoles y derrota a los Borbones, con el apoyo de los campesinos sublevados. Garibaldi tenía un proyecto de unidad muy distinto al defendido desde el Piamonte. Pretendía una república con alto contenido social pero, al final, cedió ante Víctor Manuel y Cavour, porque primó más en su ánimo el deseo de unidad. Así pues, cedió el poder al rey del Piamonte.

El nuevo reino situó su capital en Florencia y aprovechó otros conflictos internacionales para completar la unificación. En 1866, valiéndose de la derrota de Austria frente a Prusia, ocupó Venecia; y en 1870, con la derrota de Francia frente a Prusia, ocupó Roma, donde se instaló definitivamente la capital de Italia.

El nuevo Estado italiano adoptó el sistema político liberal piamontés, una monarquía constitucional. Además se unificó la administración. El sistema electoral era censitario y muy restringido. Los sucesivos gobiernos, generalmente en una posición de centro liberal, se emplearon en políticas centralizadoras y de creación de una unidad real sobre la diversidad que suponía la larga historia dividida de los italianos. Pero el Estado italiano tuvo graves problemas que lastraron el desarrollo del mismo. En primer lugar, estaría la cuestión de la integración del sur atrasado. Frente a un norte desarrollado y que había tenido su propia revolución industrial, el sur italiano era agrícola, estaba muy atrasado y no se industrializó. En su seno nacieron sociedades secretas delictivas como la Camorra napolitana y la Mafia siciliana.

La integración de los católicos en el nuevo Estado fue muy compleja porque el Papa no reconoció la situación política y se consideró prisionero en Roma, una vez que los Estados Pontificios habían desaparecido.

El desarrollo de una política imperialista en África no dio los frutos deseados. Italia intentó incorporarse a la carrera colonial occidental pero sufrió serios reveses en Abisinia (Etiopía). Italia tenía una serie de reivindicaciones territoriales, ya que reclamaba el Tirol meridional y Trieste, en manos austriacas, al considerar que eran territorios de italianos por su lengua. Fueron los conocidos como territorios “irredentos” o no rescatados del poder extranjero.

Por fin, habría que tener en cuenta el desarrollo de un potente movimiento obrero poco propicio a colaborar con las instituciones.

Eduardo Montagut

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